Los agricultores estadounidenses han hallado la forma de acceder a mano de obra barata a través de la presión política y fomentando a lo largo de un siglo la idea de que los estadounidenses no están dispuestos a hacer el trabajo del campo. Pero, ¿cuántos estadounidenses estarían dispuestos a partirse el lomo en la pisca? Con el sueldo que ofrecen y las condiciones laborales, seguramente muy pocos.
La gran mayoría de los rancheros y terratenientes que representan a la industria agrícola de Estados Unidos apoyan al presidente Donald Trump en su actual campaña de reelección como lo hicieron en el 2016.
En teoría es una contradicción que un sector de la economía que es tan dependiente de los trabajadores inmigrantes apoye a quien ha suspendido todo proceso de inmigración al país. Pero en la práctica no lo es.
Las políticas de restricción y persecución de inmigrantes del presidente Trump poco o casi nada han tocado a los trabajadores del campo.
El mandatario ha cerrado la puerta a casi todo proceso de inmigración legal al suspender por lo que resta del año los trámites de residencia permanente o “green card”y la emisión de visas H-1B, H-2B, J1 y L que se otorgan a trabajadores extranjeros, excepto las visas H-2A que obtienen los inmigrantes para trabajar en la agricultura.
En el 2019 la administración de Trump aprobó más de 250,000 permisos temporales para trabajadores agrícolas o visas H-2A, un incremento del 55% en comparación con los otorgados en el último año del presidente Barack Obama. Además, este tipo de visas son procesadas con mayor rapidez y se han implementado medidas para facilitar a las compañías agrícolas la contratación de inmigrantes.
Un siglo de poder
Desde hace un siglo la influencia económica y política de los agricultores del país ha estado presente en el Congreso y en la Casa Blanca para lograr obtener mano de obra barata en los inmigrantes.
La presión que ejercen los ha llevado a mantener salarios bajos y no ofrecer justas condiciones laborales al grado de que los únicos que están dispuestos a desempeñar las pesadas jornadas del campo son los inmigrantes, quienes al estar condicionados a un permiso de trabajo temporal, como lo es la visa H-2A, o por el estatus de indocumentado, se sienten inhibidos para reclamar sus derechos.
¿Cuántos estadounidenses estarían dispuestos a partirse el lomo en la pisca?
Con el sueldo que ofrecen, seguramente muy pocos.
En California, el estado que mejor paga a los campesinos con visa H-2A, el salario promedio es de $14.77 dólares por hora, alrededor de $2,300 dólares al mes, de acuerdo con los datos del Departamento de Agricultura (USDA) y del Departamento del Trabajo (DOL).
Pero esa ha sido la estrategia de los agricultores estadounidenses que han hallado la forma de acceder a mano de obra barata a través de la presión política y fomentando a lo largo de un siglo la idea de que los estadounidenses no están dispuestos a hacer el trabajo del campo y por ello el gobierno debe crear programas de trabajo temporal para extranjeros.
Esas ofertas de empleo para trabajadores agrícolas extranjeros iniciaron en 1917, pero se frenaron en la década de 1930 debido a La Gran Depresión que llevó a la repatriación masiva de mexicanos a quienes culpaban de la crisis.
En 1942 volvieron a surgir al crearse el programa Bracero que duró hasta 1964, pero en 1952 ya se había aprobado la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que establecía las visas H-1 para “trabajadores temporales de mérito o habilidad distinguidos” y el programa H-2 para “otros trabajadores temporales”.
La reforma migratoria de 1986 dividió el programa H-2 en dos visas temporales separadas: la H-1A para trabajadores no agrícolas y la H-2A para trabajadores agrícolas.
El racismo permanente
Luego de que millones de mexicanos fueron expulsados del país tras La Gran Depresión, la industria agrícola se había quedado sin mano de obra a pesar de la alta tasa de desempleo, por lo que empezó a promover entre académicos, economistas y legisladores la necesidad de crear un nuevo tipo de categoría migratoria para trabajadores agrícolas de México similar al que en esa época Francia había negociado con Italia y Polonia.
La idea era establecer un sistema de inmigración que permitiera a los agricultores obtener mano de obra de México, pero debía ser temporal para evitar que los mexicanos se establecieran en el país, ya que podrían degradar la estirpe racial de Estados Unidos al ser considerados “inferiores a los blancos, tanto física como mentalmente”, porque su sangre no es pura y son mestizos en los que predominan los genes indígenas.
Así lo planteó el economista y sociólogo Glenn E. Hoover en un ensayo titulado “Our Mexican Immigrants” que en octubre de 1929 publicó el Consejo de Relaciones Exteriores, una organización que ha influido en las políticas públicas del país.
Con base en ese argumento el gobierno estableció la temporalidad en los programas para trabajadores extranjeros. Desde entonces, la idea de evitar que los inmigrantes se establezcan en este país prevalece con esa dosis de racismo.
Artículo publicado originalmente por La Opinión.
El Informante de Memphis
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