El Gobierno, presidido por Donald Trump, ha publicado este lunes la regla largamente anunciada que refuerza la capacidad de sus funcionarios para denegar visados, tarjetas de residencia y, por extensión, la ciudadanía a aquellos inmigrantes que se hayan beneficiado de ayudas sociales. Entrará en vigor el 15 de octubre y no tendrá valor retroactivo.
El gobierno de Donald Trump castigará a los inmigrantes que usan fondos públicos o amenacen con convertirse en carga pública, siendo una de las medidas más fuertes hasta ahora para detener la inmigración legal.
Se verán afectados aquellos inmigrantes que “sea más probable que improbable” que reciban ayudas públicas durante más de 12 meses dentro de un periodo de 36 meses. Si alguien recibe dos ayudas durante un mes, contará como dos meses. La definición de ayuda se ha ampliado además para incluir el seguro médico Medicaid, las ayudas a vivienda, y las de alimentos bajo el programa SNAP.
Tras la publicación del primer borrador el otoño pasado, el Departamento de Seguridad Nacional recibió 266.000 comentarios (el triple de lo habitual), y finalmente introdujo algunos cambios: por ejemplo, las mujeres no se verán afectadas durante su embarazo o hasta 60 días después de dar a luz.
Además, el subsidio para rentas bajas de Medicaid (Part D) no contará como ayuda pública. Y aquellos beneficios recibidos por niños y jóvenes de hasta 21 años tampoco ser verán afectados. Quedarán fuera también la asistencia médica de emergencia, los programas de comida en escuelas, la adopción, los préstamos estudiantiles, las hipotecas, los comedores públicos, los albergues para personas sin hogar, y la ayuda tras catástrofes.
Tampoco afectará a refugiados, ni a mujeres que huyen de la violencia doméstica.
“El principio que lo impulsa es un antiguo valor estadounidense, que es la autosuficiencia”, ha explicado a la cadena Fox News el director en funciones del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés), Ken Cuccinelli.
“Es un principio fundamental, el sueño americano, y es una de las cosas que nos distinguen, es básico en la historia legal estadounidense desde el siglo XIX”, ha añadido, “y tendrá además el beneficio a largo plazo de proteger a los contribuyentes, asegurándose de que los inmigrantes no se convierten en una carga pública, que pueden mantenerse sobre sus dos pies, como han hecho en el pasado”.
En realidad, los inmigrantes constituyen un porcentaje muy reducido de los beneficiarios de ayudas públicas, puesto que además la mayoría no pueden recibirlas precisamente por el hecho de serlo. Sin embargo, las organizaciones de derechos civiles temen que esta regla pueda asustarles a la hora de pedir ayuda que realmente necesiten, y denuncian que los funcionarios contarán con manga ancha para poder denegar peticiones migratorias aludiendo a este motivo.
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La semana pasada POLITICO reportó que los nuevos planes del gobierno no solo apuntaban a castigar a los residentes legales, sino también a permitir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “prohíba” a los inmigrantes legales obtener la green card en esos casos.
Unas 550.000 personas solicitan cada año una tarjeta de residencia, de los que 380.000 serán objeto de esta nueva revisión, según la agencia de noticias The Associated Press.
