Inmigrantes buscando asilo en el cruce fronterizo de Otay Mesa en San Diego, California el 18 de diciembre del 2018. (AP Photo/Moises Castillo)
Un juez federal obstruyó el miércoles las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump al otorgamiento de asilo a migrantes que huyen de la violencia doméstica o pandillera en sus países de origen.
AP/ Estados Unidos
El juez de distrito Emmet Sullivan determinó que algunas de las directrices redactadas por el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, no pueden ser usadas para probar si un inmigrante tiene un temor creíble de ser perseguido o torturado en su país de origen, que es el primer paso para solicitar asilo en Estados Unidos.
El juez aseveró que las normas de asilo impuestas por el gobierno de Trump violan las leyes migratorias y “es responsabilidad del Congreso, no los caprichos del ejecutivo”, lo que determina cuáles serán los estándares para deportar a alguien.
Se trata de otro revés legal para los intentos del presidente Trump de endurecer las normas migratorias sin pasar por el Congreso. Hay otro caso, sobre si los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente pueden pedir asilo, bajo debate en un tribunal de San Francisco. Un juez ordenó un cese temporal a esa práctica impuesta en noviembre y el trámite del miércoles debía decidir si esa pausa continuaba. El gobierno de Trump le ha solicitado a la Corte Suprema permitir la implementación de su reforma a la norma sobre asilos.
Los funcionarios del gobierno denuncian que el proceso de asilo es aprovechado por inmigrantes que confían en pasar la primera prueba sobre el temor creíble para poder entrar en el país. Por lo general, sólo un 9% de los que piden asilo lo reciben, en momentos en que decenas de miles de centroamericanos están llegando a la frontera estadounidense cada mes.
El cambio en las normas migratorias tuvo un impacto inmediato.
Abogados de inmigración aseveran que personas que creían iban a pasar la prueba de temor creíble no la pasaban, y que los jueces están rechazando más apelaciones, poniendo fin a procesos que debían durar años ante de que siquiera comiencen.
Sin embargo, funcionarios de la administración Trump dicen que la cantidad de gente que está alegando temor creíble ha aumentado drásticamente.
Por lo general, el asilo se les otorga a personas que son perseguidas en su país de origen, o que podrían ser perseguidas en caso de que vuelvan. Miles de personas piden asilo todos los meses en los puestos de Aduana y Protección Fronteriza en la frontera sur de Estados Unidos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó al gobierno por las restricciones a nombre de 12 padres e hijos que el gobierno equivocadamente determinó que no tenían un temor creíble de persecución en caso de volver. El fallo de Sullivan repercutirá en miles de casos en los que inmigrantes están bajo órdenes de deportación expeditiva.
Además, el juez ordenó al gobierno devolver a territorio estadounidense a los demandantes que hayan sido deportados y evitar que sean deportados de nuevo.
